Los fusilamientos de José León Suárez de 1956

Columna de opinión de la escritora Susana Cella, publicada en el periódico Acción de la segunda quincena de mayo.

Cuando, el 16 de junio de 1955, se produjo el bombardeo a Plaza de Mayo contra civiles indefensos, el gobierno de Perón estaba transitando sus últimos meses hasta caer por el golpe militar de setiembre.

Ese bombardeo no fue sino el anuncio de la ola represiva que desatarían contra el pueblo los autodenominados “libertadores”.

Cuando se habla de terrorismo de Estado suele hacerse referencia a la última dictadura argentina, que en su afán genocida sobrepasó a todas las anteriores.

Sin embargo, esa política según la cual el Estado deja de lado los marcos legales y, fuera de cualquier regulación, aplica una violencia discrecional y arbitraria desligándose de toda responsabilidad, no la estrenaron precisamente los dictadores de los 70.

Cincuenta años atrás tuvo lugar un episodio que bien puede considerarse precedente, el que pasó a la historia como “los fusilamientos de José León Suárez” ocurridos en la madrugada del 10 de junio de 1956.







Luego del golpe y con el afianzamiento de la línea más dura del ejército encabezada por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas, los peronistas, proscriptos, con la CGT intervenida, los dirigentes políticos y gremiales perseguidos o encarcelados, el líder fuera del país, y la prohibición de la menor alusión al gobierno constitucional derrocado, lentamente empezaron a implementar distintas formas de oposición al golpe, proceso que fue configurando la Resistencia Peronista.

En el Ejército no había unanimidad respecto de la postura dirigente. El peronismo conservaba muchos seguidores, y así comenzó a prepararse una sublevación conducida por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco.

Se previeron las acciones a llevar a cabo simultáneamente en distintas unidades y se fijó el día y la hora: el 9 de junio de 1956 a las 23.00. Por delaciones o infidencias, los militares en el gobierno estaban al tanto del movimiento y lo dejaron seguir, aunque tomando las medidas necesarias para sofocarlo.

Esa misma noche, en el Luna Park, el campeón argentino Eduardo Lausse peleaba por el título sudamericano de los medianos. Y la radio transmitía la pelea. Un conjunto de circunstancias diversas, algunas puramente casuales, hicieron que se fuera juntando un grupo de hombres en una casa de en la localidad de Florida, provincia de Buenos Aires, donde vivía el propietario, Horacio Di Chiano, al frente, y en el fondo, su inquilino Juan Carlos Torres. Entre los avatares de la pelea y el juego de cartas allí estuvieron Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Miguel Angel Giunta, Rogelio Díaz, Carlos Lisazo, Mario Brión, Norberto Gavino, Juan Carlos Livraga, Vicente Damián Rodríguez, e incluso entraron, cerca de las once de la noche, dos más, que en realidad eran policías.

Algunos de los ahí presentes eran peronistas perseguidos, algunos estaban al tanto de lo que se estaba gestando en los cuarteles, y esperaban que la radio anunciase algo más que el triunfo de Lausse. A las once de la noche, irrumpe en la casa el jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, repitiendo, frenético, una pregunta: ¿Dónde está Tanco?

Sin saber demasiado quiénes eran los que allí estaban, cuánto podían o no tener que ver con el fracasado levantamiento, los cargan en un colectivo y los llevan a la comisaría. Detienen también a Julio Troxler y Reinaldo Benavídez. Después de un interrogatorio breve, son informados de que irán a La Plata detenidos. Pero no, los llevan hasta un basural en José León Suárez, los hacen bajar y empieza la matanza.

Cuando tuvo lugar la detención no regía en el país la ley marcial que en la madrugada del 10 de junio implantó el gobierno de facto. Algunos lograron escapar, exiliarse, esconderse o ir presos. Militares y policías negaron información a los familiares que insistentemente recurrieron a las comisarías o enviaron telegramas, confiando, como ocurriría más tarde, en el 76, en que obtendrían alguna respuesta oficial.

Un sobreviviente, Juan Carlos Livraga, hizo la denuncia. El único periódico que el 23 de diciembre de 1956 publicó el hecho fue Propósitos, dirigido por Leónidas Barletta.

En 1957, llegado el caso a la Suprema Corte, se determinó que los policías estaban subordinados a la autoridad militar. Esto se llamó luego, como se sabe, “obediencia debida”.

El desenlace, previsible hoy, fue que los que asesinaron, hirieron, torturaron y aplastaron con fallos infames y terror toda tentativa de establecer la sencilla verdad de un fusilamiento sin juicio a civiles desarmados, nunca fueron condenados.

En cambio, quien llevó a cabo la investigación hasta lograr difundirla en la prensa y luego en el libro Operación Masacre, Rodolfo Walsh, fue asesinado en 1977 por los sucesores de los libertadores del 55, y Julio Troxler no tuvo, también en los 70, una segunda oportunidad de salvar su vida.




Nota: Microprograma del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos emitido el sábado 3 de junio de 2006, en el programa "Hipótesis", LT8 Radio Rosario, Argentina.