La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se convirtió en un instrumento de dos caras: legislativa-reguladora- y política.
En lo que respecta a la segunda, no es desacertado considerarla el mojón a partir del cual el Gobierno nacional inició su estrategia de construcción de nuevos consensos, que, como tal, marcó un nuevo territorio de lucha y, por ende, diferentes contendientes.
En el aspecto legislativo, la norma se propuso varios objetivos, como la incorporación de los medios comunitarios, la federalización de la comunicación a través de distintas pautas, límites a la propiedad de los medios, avances tecnológicos como la Televisión Digital Terrestre (TDT), etc.
A más de dos años de su aprobación, Martín Becerra, investigador del Conicet, analizó cuál ha sido el tránsito de la misma: "el Gobierno concentró prioritariamente la atención de la aplicación de la ley al artículo 161. Otros grupos concentrados, pasados ya dos años de la sanción de la ley y sin que medie medida cautelar judicial a su favor, siguen funcionando como si la normativa no hubiera cambiado".
Una de las iniciativas que, en esta materia, más difundidas por el Gobierno es el desarrollo e implementación de la TDT, sobre lo cual Becerra subrayó que "es un avance por la norma elegida (japonesa-brasileña) y que ha tenido la excepcional ventaja de comenzar su diseminación por los sectores populares (a través de la entrega de decodificadores). Sin embargo, es un tema que se maneja por afuera de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque el Gobierno ha permitido que operen en televisión digital empresas que carecen de licencia en analógico y que no han ganado ningún concurso para emitir, como la ley exige".
El licenciado en Ciencias de la Comunicación, luego de rescatar la exigencia de producción propia, precisó que "otros ejes de la ley, como el tiempo de publicidad límite, en la práctica no se cumplen porque los operadores (tanto los privados como los estatales) emiten “chivos”, auspicios y otras formas encubiertas de publicidad durante la programación. Tampoco se cumple la disposición expresa de que los medios de gestión estatal seanbiertos a las diferencias, que sean plurales".
Por otro lado, Becerra recayó sobre las dificultades que tiene la federalización de la comunicación cuando, por ahora, se depende de la financiación gubernamental: "dependen de una coyuntural iniciativa del gobierno y de su flujo económico. No hay una política económica para el sector audiovisual que tenga al mismo tiempo carácter público y estabilidad. Si mañana cambia el gobierno, o la relación de fuerzas al interior del propio gobierno, y se define otra prioridad, por decreto, buena parte de esas valiosas iniciativas quedarán abandonadas. Para pensar en impacto cultural a largo plazo es preciso pensar en políticas culturales a largo plazo. Lo que yo veo en el Gobierno son políticas culturales de corto plazo audaces, novedosas y en muchos casos (no todos), bien fundamentadas, pero desarticuladas de una noción de lo público que sume más allá de las filas propias y que a la vez, por esa misma articulación, garanticen su sostenibilidad en el tiempo".
Finalmente, el profesor de la Universidad Nacional de Quilmes concluyó que "por un lado las amenazas directas, como la clausura de medios o la censura, que en la Argentina no existen. Por otro lado, las amenazas indirectas, ligadas a la distribución arbitraria de la publicidad oficial, la concentración de medios o la falta de legislación sobre el acceso a la información. En estos aspectos hay aún un largo camino para recorrer en la Argentina. Se trata de un camino allanado ya por la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual". (fuente: agencia cna)
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